Por un debate constitucional abierto.

Carta al Director publicada en La Tercera el 19 de julio de 2014.

Sin título

En el debate sobre una nueva Constitución un número no menor de académicos ha instalado una dialéctica que gira en torno a las instituciones presentes en la actual Carta Fundamental. ¿Qué pasará con la reserva legal? ¿Qué perfiles tendrá la libertad de enseñanza? ¿Cómo se regulará la llamada Constitución económica? Esas son algunas de las preocupaciones.

El problema es que la concentración en dispositivos concretos desvía la atención de lo realmente importante: la discusión en torno a los conceptos que fundamentan la presencia/ausencia de las normas constitucionales. Además, esta perspectiva (o estrategia) circunscribe injustificadamente el debate. Una nueva regulación -en todo ámbito- no puede ser pensada como si el plexo institucional disponible estuviese conformado únicamente por los institutos vigentes.

Antes de alarmarnos por el destino de la reserva legal, la libertad de enseñanza o la Constitución económica, debemos deliberar respecto de cuál sistema de gobierno deseamos, qué rol deben jugar los derechos fundamentales o qué calificativo ha de tener nuestro estado de derecho (social o liberal).

Sólo de esta manera será posible llevar adelante la delicada tarea de avanzar hacia una Constitución que sea un pacto que integre a todos los sectores de la sociedad. En la disputa de los tecnicismos, los medios y no los fines, gozan de monopolio natural las elites y la academia, y la perjudicada es la ciudadanía.

 

José Ignacio Núñez Leiva

Profesor de Derecho Constitucional

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Sobre el rol de abogados en el camino a la nueva Constitución.

    Publicado en La Tercera el 11 de Junio de 2014.  

La PresidentCarta La Tercera Rol Constitucionalistasa de la República ha dado dos potentes señales en la senda hacia una nueva Constitución. Hace algunos meses enfatizó que la Carta Magna no debe ser una obra de las elites. Posteriormente, en la cuenta pública del 21 de mayo fue clara al sostener que “no hay nueva Constitución sin participación”.

Las dos afirmaciones reflejan lo más representativo del constitucionalismo democrático. Primero, la opción por mecanismos participativos acordes con la cultura nacional, no trasplantados y sin ajustes de experiencias foráneas. Segundo, un compromiso con una fórmula igualitaria, no elitista ni oligárquica, que durante todo el momento constituyente confiera idéntico valor y dignidad a los ciudadanos, sin considerar sus capitales económicos, sociales o culturales.

Ello no obsta reconocer la existencia de momentos propicios para la participación de cada grupo, según sus aptitudes y especialidades, y no en atención a jerarquías. Los juristas debemos asumir que nuestro rol debe consistir en ser facilitadores de la transformación de la soberanía popular en normas, no en ser líderes, artífices o condicionantes del proceso.

El derecho y los juristas, como demuestra la experiencia, siempre hemos de estar al servicio de los procesos sociales. No a la inversa.

J. Ignacio Núñez Leiva

Profesor de Derecho Constitucional