Que la nueva Constitución no olvide a los niños, columna publicada en “Voces” del diario La Tercera.

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Al contrario de lo que algunos afirman, muchos grupos e instituciones ya han manifestado públicamente lo que desean que una nueva Constitución regule. El diálogo acerca de lo que debe contener la próxima Carta Fundamental se viene desarrollando desde hace tiempo.

A mi juicio, uno de los temas que no podemos dejar de conversar durante este histórico momento es la forma en que la Constitución resguardará los derechos de niñas, niños y adolescentes, ámbito en que actualmente existe un severo déficit. Reflexión que cobra mayor vigencia hoy, cuando se discute en el Congreso un proyecto de Ley que justamente tiene como objetivo subsanar algunas omisiones en la materia. Para muestra, algunos ejemplos.

En primer lugar, la actual regulación constitucional en materia de derechos políticos no sigue la tendencia del resto de nuestro ordenamiento jurídico en el sentido de reconocer derechos y deberes a los adolescentes. Si una persona es penalmente responsable a partir de los 14 años de edad, o puede contraer matrimonio desde los 16 años ¿Por qué esperar a los 18 años para que pueda convertirse en ciudadano, adquiriendo los derechos y deberes que derivan de esa condición, especialmente el derecho a voto?

Por otra parte, no es un misterio que la Constitución vigente protege diversos derechos, pero que pasa por alto las necesidades especiales que algunas personas requieren para ejercerlos en plenitud y reclamar su debido cumplimiento. Con lo anterior me refiero a que no solamente l@s niñ@s precisan de condiciones particulares para poder disfrutar de sus derechos básicos: adultos mayores, personas con capacidades especiales, entre otr@s, se encuentran en la misma situación. No es razonable que exista un único procedimiento, que se tramita ante una única clase de tribunal (las Cortes de Apelaciones, magistratura que tiene generalmente una sola sede encada región) para reclamar frente a la violación de derechos fundamentales tanto de adultos como de niñ@s, o de cualquier otro grupo que por sus características objetivas requiere de apoyo.

En el mismo sentido, también resulta imperioso que, así como existen instituciones encargadas de perseguir judicialmente la ocurrencia de delitos – el Ministerio Público -, se cree un organismo cuya misión sea velar por el respeto de los derechos fundamentales de l@s niñ@s e interponer las acciones judiciales pertinentes para buscar ese fin. Me refiero a una “Defensoría del niñ@” o, como se le llama en otros países, un “Defensor del Pueblo”.

Finalmente, y sin ánimo de agotar el listado de temas pendientes, solamente menciono la necesidad de fortalecer el contenido del Derecho/Deber a la Educación, de tal forma que se recupere su rol como formador de personas íntegras (no sólo creador de entes autómatas que se entrenan para responder pruebas estandarizadas como el SIMCE o la PSU). Personas que se vean a sí mismas como miembros de una sociedad que les reconoce derechos, pero también exige el cumplimiento de deberes y responsabilidades. Objetivo que no se logra con (malas) “Agendas Cortas Antidelincuencia”.

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