Impugnación del control preventivo de identidad ante el sistema interamericano, columna publicada en El Mercurio Legal. En coautoría con María Angélica Benavides.

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La aprobación de la llamada “agenda corta antidelincuencia” ha generado opiniones encontradas. Tanto, que en lo referido al control preventivo de identidad, el Partido Comunista ha anunciado que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impugnar el referido instituto.

Sin pronunciarnos mayormente sobre la conveniencia jurídica y práctica de dicho control (quienes suscribimos esta columna no somos partidarios de esta política criminal), o que de su aplicación se pueda derivar una violación de los artículos 7 de la Convención Americana de DD.HH. (libertad personal), 8 (garantías procesales) y 24 del mismo cuerpo normativo (igualdad ante la ley) por su probable aplicación discriminatoria, resulta interesante que el mencionado partido político señale que recurrirá a la instancia internacional y que no recurrirá al Tribunal Constitucional, ya que —según indica— no sería una instancia ordinaria previa antes de recurrir a la Comisión.

Sobre el particular, no resulta baladí recordar dos elementos. El primero: un partido político, como grupo de personas, está habilitado por el artículo 44 de la Convención para plantear una denuncia ante la Comisión en el caso de violación a ese tratado por parte del Estado.  Segundo, no obstante lo anterior, los casos ante la Comisión y luego ante la Corte proceden por situaciones concretas de afectación de derechos humanos, no por potenciales violaciones.

El objetivo principal del sistema interamericano no es realizar un reproche a la norma en abstracto, sino la protección de una víctima real; no constituye un control normativo. El artículo 63 del precitado instrumento expresa que la Corte (luego de los trámites de rigor ante la Comisión) decidirá si “hubo violación” de la convención por un acto estatal que afecte al menos a una persona, es decir, requiere de la existencia de una víctima.

Y, dado que lo requerido es la concurrencia de una violación concreta de los derechos contemplados en la Convención para la activación del sistema interamericano, se exige que se hayan agotado los recursos internos disponibles para resolver el asunto. El artículo 46 de la Convención es claro en señalar que estos se hayan interpuesto y agotado, salvo, sostiene el mismo artículo, que no haya debido proceso legal en el Estado, que se obstruya al presunto lesionado en la utilización de los recursos o exista retardo injustificado en la decisión de ellos.

En el caso en cuestión, el de una ley objetable pero que todavía no entra en vigencia, no existe presunto lesionado, por tanto no hay recursos que agotar en el ámbito interno.

Así las cosas, no existe verdaderamente “un caso” susceptible de ser denunciado en instancias internacionales, este existirá cuando aplicada la norma de control preventivo una persona reclame judicialmente la conculcación de derechos fundamentales amparados por la Convención Americana de DD.HH. Desde ese momento, el Estado de Derecho chileno debiese actuar y, en ese caso, procedería internamente la interposición del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Este último no es un tribunal sobre el Olimpo, sino más bien sobre el cerro San Cristóbal, está ahí, todos lo ven. Se puede recurrir ante él, especialmente si se cuenta con el apoyo de conglomerados políticos.

Hoy, como control normativo, es decir, sin que haya una víctima concreta, el ordenamiento jurídico interno establece al Tribunal Constitucional como instancia propicia para que revise si la norma en comento respeta o no las garantías constitucionales, pero cuando ella se aplique a un caso concreto.

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