¿Hacia la responsabilidad del Estado por sentencias judiciales no penales?

espada-damocles-richard-westall-1812Columna Publicada en El Mercurio Legal el 11 de abril de 2014.

Tradicionalmente la doctrina y jurisprudencia nacionales han circulado en torno a una teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado por actos jurisdiccionales circunscrita a eventuales demandas por errores judiciales en materia penal. El fundamento normativo de esta postura descansa en la segmentación del estatuto de responsabilidad pecuniaria estatal dividido en las cláusulas referidas a la responsabilidad en general, ubicadas en el Capítulo I de la Constitución (en adelante CPR), y las dedicadas a la responsabilidad por actos del juez penal y de la administración, contemplados en los artículos 19 N° 7 y 38°, respectivamente.

La Corte Suprema, recientemente ha ratificado una sentencia de pronunciada en sede de recurso de protección por la Corte de Apelaciones de Rancagua (Rol 12-2014), en la cual se declaraba que ciertas medidas ordenadas por un tribunal de Familia, que afectaban a un tercero no parte del juicio, resultaban al mismo tiempo arbitrarias e ilegales. Lo anterior implica que, a criterio de la Corte Suprema, una resolución de un tribunal – cualquiera sea – es susceptible de cometer arbitrariedades e incurrir en ilegalidades, perseguibles vía recurso de protección, que afecten el patrimonio de terceros ajenos al juicio. Luego, la pregunta que emerge de inmediato es, con independencia de la suspensión de los efectos de la resolución impugnada por el afectado: ¿Un tercero ajeno al juicio, debe soportar sin reparación los efectos dañosos padecidos a consecuencia de acto judicialmente declarado ilegal y arbitrario, especialmente los irrogados en sus derechos de contenido patrimonial? A nuestro juicio, no.

De producirse un perjuicio patrimonial acreditable ocasionado a raíz de una sentencia que la Corte Suprema haya declarado arbitraria e ilegal, el afectado – de conformidad a las bases del Estado de Derecho – no tiene obligación jurídica de asumir el detrimento patrimonial sufrido. Luego, ¿puede este afectado intentar una pretensión indemnizatoria en contra del Estado por errores judiciales no penales? La mayoría de la doctrina respondería negativamente a esta interrogante.

Pero nosotros pensamos distinto. Estimamos que – al igual que el artículo 38 de la CPR– el literal I) del artículo 19 N° 7 no dispensa a los particulares la posibilidad de demandar responsabilidad patrimonial del Estado. Ello deriva de los artículos 6 y 7 de la CPR y de las otras disposiciones que construyen el “Derecho a la Acción”. Mucho menos circunscribe la posibilidad de hacerlo a esos dos casos. (Respecto de la posibilidad de demandar por hechos del legislador, ya hemos fijado nuestra postura en “La responsabilidad patrimonial de Estado legislador por leyes declaradas inconstitucionales“, Santiago, Librotecnia, 2011)

En efecto, pensamos que la correcta lectura del artículo 19 N°7 Letra I – omitiremos la referencia al artículo 38, a efectos de evitar una extensión desmedida en esta columna – no es la de una norma que contemple el derecho a reclamar una reparación patrimonial por errores judiciales. Es – a nuestro criterio – una disposición que establece y sólo respecto de la actividad de la judicatura penal: los hechos dañosos indemnizables (sometimiento a proceso o condena), las causales específicas de antijuridicidad de los hechos dañosos (arbitrariedad o error injustificado), la competencia para calificar la antijuridicidad (Corte Suprema), un requisito para requerir la calificación de antijuridicidad (disponer de sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo), la integralidad del daño indemnizable (daño moral y patrimonial), el tipo de procedimiento para la determinación del daño (breve y sumario) y el régimen apreciación de la prueba en la tasación del daño: en conciencia. Es decir, no estamos frente a un precepto que confiera facultades o atribuciones a particulares, sino que ante una norma competencial, procedimental y de definición reparatoria, que disciplina el ejercicio jurisdiccional frente a una pretensión indemnizatoria dirigida contra un acto de la judicatura penal. Y no tiene por qué extenderse su aplicación a otras materias. Menos interpretarse como un precepto que confiera un derecho a la acción específico y restringido al ámbito penal. Es más, tan procedimental es esta norma – y tan poco atributiva de derechos o posiciones subjetivas – que en rigor limita las posibilidades y casos para demandar al Estado por actos de tribunales con competencia penal.

Entonces, si no se descarta la tesis propuesta en los párrafos anteriores, y se considera que el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado junto a la facultad de perseguirla, se construye a partir de las normas constitucionales que recogen el Estado de Derecho, resulta más que oportuna – y merecedora de una nueva respuesta – la siguiente pregunta. ¿Calificada como arbitraria e ilegal una sentencia de un juez de familia (como podría ser también laboral, tributario, ambiental o civil) puede el afectado perseguir la reparación de un daño acreditable causado por dicha resolución contraria a Derecho? Al parecer la sentencia citada abre la puerta para una respuesta afirmativa.

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CONSTITUCIÓN: ¿REGLA O PLAN DE JUEGO?

Columna Publicada en El Mercurio Legal el 09/09/2014.

gameplanMuchas de las opiniones de abogados y académicos en torno a una eventual nueva Constitución han sido impacientes. Mientras algunos proponen públicamente lo que a su juicio deben ser las instituciones (e incluso artículos) de la futura carta política, otros se baten entre la espada del dominio máximo legal y la pared de la libertad legislativa.

 Por otra parte, no pocos constitucionalistas han olvidado algo tan obvio, que por ser tal pasa desapercibido: el estudio y la extracción de lecciones sobre el desarrollo de los procesos sociales es resorte de profesionales de otras ciencias. Los juristas teorizamos en torno a las fuentes formales o de producción del Derecho, pero las competencias necesarias para entender y decodificar las fuentes materiales del fenómeno jurídico, se ubica en el terreno de otros cientistas sociales. Sociólogos, historiadores, antropólogos, politólogos son los naturalmente llamados a orientar la discusión sobre la ruta real hacia una nueva Constitución. Los abogados, sólo podemos contribuir en la traducción normativa de los insumos proporcionados por profesionales ligados estrechamente a los procesos ciudadanos, y en la ilustración de las concepciones institucionales a partir de las cuales la soberanía popular podría deliberar.

 En tal contexto, una revisión de los albores del constitucionalismo no viene mal a efectos de poner de manifiesto algunos puntos desde dónde puede ser positivo arrancar una discusión constituyente, y desde la perspectiva en que podemos aportar los abogados.

 La independencia de E.E.U.U. y la Revolución Francesa nos ofrecen ideas – o conceptos – diversos de Constitución, que si bien no son irreconciliables (el neoconstitucionalismo es prueba de su potencial fusión) revelan dos finalidades políticas susceptibles de ser asignadas a las Cartas Fundamentales.

 Una alternativa consistió en instalar a la Constitución como “Regla de Juego”, esto es una norma lógicamente superior a toda otra emanada de los poderes constituidos y a la que debe subordinarse la actividad de estos, pero que confiere un importante margen de acción a los órganos de Estado a efecto de que adopten los cursos de acción que estimen pertinentes, siempre y cuando, no excedan sus competencias.  La otra, en diseñarla como “Estrategia de Juego”, es decir como elemento vertebrador de la organización política, fundante pero no jurídicamente superior y en la cual la su virtualidad no depende de una jerarquía normativa sino de la superioridad de los objetivos axiológicos predefinidos y a los cuales deben subordinarse y orientarse los poderes estatales. El primer modelo corresponde al concepto originario de la Constitución de los Estado Unidos de Norteamérica, mientras que el segundo se plasmó en las constituciones francesas pre napoleónicas.

 La frontera entre una y otra opción viene dada por la presencia/ausencia de dos factores: el contenido axiológico y la garantía constitucional. Ambos obedecieron a sistemas escritos,  autoproclamados como supremos y rígidos. Pero serán los binomios neutralidad axiológica/garantía versus militancia axiológica/ausencia de garantía, los que marcarán las diferencias ya anotadas. Y la combinación de estos factores, o el peso atribuido a cada uno de ellos, es un asunto de previo y especial pronunciamiento a cualquier debate de contenidos para una nueva Constitución.

 

Fallo sobre “tomas en el Instituto Nacional”: ¡Por favor, los derechos en serio!

los derechosColumna publicada en El Diario Constitucional.

Si a partir del título de esta columna el lector espera una proclamación política (a favor o en contra de la sentencia) lamento decepcionarlo. Las líneas que siguen tratan de encaminarse por la senda de las reflexiones jurídicas, particularmente en el plano de la Teoría de los Derechos Fundamentales y en el ámbito de la justificación de las decisiones jurisdiccionales.

Tampoco me dedicaré a criticar, dentro del plano mencionado, todos los aspectos cuestionables del fallo. Solamente me concentraré en un par de ellos.

Como es conocido por todo letrado, la fórmula empleada por el artículo 20 de la Constitución para disciplinar el Recurso de Protección combina dos elementos fácticos: la existencia de una conducta (acción u omisión) lesiva de derechos constitucionales y la susceptibilidad de aquella de ser considerada arbitraria o ilegal. El primero de los factores, requiere un razonamiento orientado a la verificación de la ocurrencia de los hechos potencialmente lesivos de derechos, además de la explicitación de la relación causa – efecto entre los hechos y la lesión de los derechos, mientras que el segundo ordena distinguir si dicha afectación resulta contraria a Derecho o la razón (ilegalidad o arbitrariedad).

Así –y esto es casi evidente– no resulta suficiente determinar que un acto u omisión afecta derechos constitucionales protegidos en grado de privación perturbación o amenaza, pues ese acto ha de ser también ilegal o arbitrario. Luego, no deben conducir a acoger una acción de esta clase los actos que afectan un derecho, pero que son jurídicamente admisibles,  ni los actos a antijurídicos que no atentan contra un derecho constitucionalmente protegido.

Por tanto, una sentencia que acoja un recurso de protección debe ser cuidadosa en la explicación de la forma en que los hechos denunciados afectan un derecho protegido por esta acción cautelar y –con el mismo empeño– no debe dejar espacio a dudas acerca de la ilegalidad o arbitrariedad del hecho. Ergo, una resolución que falle favorablemente al actor en un litigio de esta índole omitiendo la debida justificación,  en cualquiera de los dos aspectos mencionados, es una decisión que no satisface los requerimientos constitucionales.

Pues bien, la sentencia recientemente pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso conocido como “Tomas del Instituto Nacional”  incurre de manera ostensible en un déficit argumentativo.  En efecto, de la sola lectura de la resolución se desprende el empeño de los juzgadores por demostrar que los actos recurridos –que por lo demás no constituyen hechos controvertidos– son ilegales y/o arbitrarios. Afán que no reviste mayores complejidades en el caso pues ante hechos pacíficos la verificación de su juridicidad demanda una mera subsunción.

Empero, el fallo de marras, poco o nada dice (más bien lo da por supuesto: sin acudir a pruebas y aludiendo a sentencias pretéritas) de la manera en que esos actos afectan los derechos cuya protección es solicitada por los recurrentes. Es decir, atiende en exceso una de las aristas del razonamiento en sede de protección, pero al costo de prácticamente olvidar la otra, que resulta tanto o más importante. Pues la lógica nos indica con rotundidad que para acoger una acción cautelar de derechos fundamentales la acreditación indubitable de la afectación de aquéllos es un mínimo indispensable.

Pero eso no es, lamentablemente, todo. Dentro de los derechos supuestamente amagados por el acto recurrido –y cuya agresión no se prueba, sino que se extrapola a partir de la referencia a sentencias de las cuales no se explica su contexto– se encuentra la Libertad de Enseñanza. Este derecho, salvo una argumentación sólida, que la Corte no efectúa en este caso, difícilmente puede entenderse mancillado por los hechos denunciados en autos puesto que no se divisa razón para concluir que alguna de las facultades dispensadas por este derecho (autonomía para impartir enseñanza, abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales o escoger el establecimiento educacional de los hijos) pueda ser objeto a afectación a apoderados y/o estudiantes de un colegio que se encuentra en “toma”. ¿Se le ocurre a usted cómo un estudiante – en su calidad de tal – puede ser titular del derecho a la libertad de enseñanza?

En atención a lo anterior es que, no sin cierta desolación, parafraseamos a Dworkin a efectos de recordar que los derechos (fundamentales) deben ser tomados en serio…