Un obiter dictum de la Corte Suprema en favor de una expansión de la indemnización por Error Judicial.

Publicado en el Diario Judicial.

download (1)Ya lo hemos sostenido en otros medios, seminarios y publicaciones. A nuestro juicio el estatuto chileno de responsabilidad patrimonial del Estado por actos de sus poderes públicos requiere ser revisado. Ya sea en la senda de una nueva cultura jurídica que comprenda a la responsabilidad del Estado como un elemento integrante del Estado de Derecho o – directamente – en iniciativas de lege ferenda.

Uno de los puntos más cuestionables del régimen nacional sobre la materia se refleja en la restrictiva hipótesis de responsabilidad del Estado por hechos del juez penal. A la casi inexpugnable fórmula del “error injustificadamente erróneo o arbitrario” contenida en el literal I del artículo 19 N°, se sumaba hasta hoy una causal que – producto de los cambios legislativos –  había quedado virtualmente ineficaz. Me refiero a la posibilidad de demandar este tipo de responsabilidad por la persona que “hubiere sido sometido a proceso” por una resolución que la Corte Suprema posteriormente declarase pasible de este instituto resarcitorio. Lo anterior debido a que en el actual sistema de enjuiciamiento criminal no existe una resolución del mismo nombre, ni respecto de la cual hubiese unanimidad de opiniones en la equivalencia de sus efectos.

Empero, la Corte Suprema, en una sentencia pronunciada con fecha 9 de junio de 2014 y en conocimiento de la acción conferida por el artículo 19 N° 7 de la Constitución (Rol: 4921-2014) abrió el camino para que en casos de resoluciones que ordenan la prisión preventiva se reclame la respectiva reparación, cuando concurran los demás requisitos constitucionales. Es decir, no interpretó, sino que resignificó la fórmula “sometido a proceso” e incluyó dentro de sus supuestos al sometimiento a prisión preventiva. Si bien, la sentencia rechazó la demanda de autos, lo hizo por la falta de concurrencia de otros requisitos. Así, lo importante de esta resolución es – entonces – la apertura del máximo tribunal del Poder Judicial al reconocimiento de otras formas de error judicial.

En el sentido antes anotado la Corte Suprema señaló en el considerando quinto de la sentencia:  “si bien no es discutido que el actual procedimiento penal no contempla una resolución jurisdiccional que cumpla la función y conlleve los mismos efectos y cargas procesales para el imputado, que el procesamiento tratado en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, no puede preterirse que la medida cautelar de prisión preventiva -así como las del artículo 155- en el procedimiento regido por el Código Procesal Penal exige, mutatis mutandi, los mismos extremos materiales del antiguo procesamiento, y afecta de la misma manera el derecho a la libertad personal del imputado, con lo cual, una interpretación axiológica, garantista y sistemática debe llevar a concluir que dentro de la expresión “someter a proceso” utilizada por el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución Política de la República, se comprende hoy también, a aquellas resoluciones de los artículos 140 y 155 del Código Procesal Penal.” (Los énfasis son nuestros).

Lo anterior se ve complementado por el considerando sexto, en que se expresa: “por otra parte, el principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 6, inciso 1°, de la Constitución impide justificar un debilitamiento del derecho de jerarquía constitucional a ser indemnizado del citado artículo 19 N° 7 letra i), por el expediente de un cambio a nivel meramente legal, menos aún si, como arriba se explicó, éste implica sólo sustituir el contexto e iter procesal en que se dicta la resolución que afecta el derecho a libertad personal del sujeto de la persecución estatal, con el objeto de adecuarla a la nueva estructura acusatoria de enjuiciamiento criminal, pero conserva en idénticos términos los extremos materiales esenciales que hacen procedente su pronunciamiento, así como la consecuencia más gravosa que le da identidad y relevancia dentro del proceso, esto es, la privación o restricción de la libertad personal de aquél contra quien recae”. (Los énfasis son nuestros).

En síntesis, esta conclusión planteada por la Corte Suprema, en base a los conocidos principios de atribución del efecto útil en la interpretación de una norma y de supremacía constitucional (al no permitir que una ley prive de efectos a la Constitución) inicia una senda que podría conducir a la sana reformulación de las normas que disciplinan la responsabilidad estatal y al perfeccionamiento del Estado de Derecho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s